Después de que el gobierno nacional abandonara su política de cero obra pública para destinar fondos “al menos para algunas” inversiones en la Provincia de Santa Fe, el gobierno santafesino ha delineado sus próximos pasos frente a un contexto inusual de retirada del Estado nacional de sus responsabilidades básicas en infraestructura.
En una conferencia de prensa, el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, detalló los proyectos que la Nación retomará o financiará nuevamente. Esta lista incluye la reparación prioritaria de 2,800 kilómetros de rutas nacionales que cruzan la región, así como la reactivación gradual de inversiones estancadas desde el 10 de diciembre de 2023. Entre ellas se destacan la expansión de la Planta Potabilizadora de Santa Fe, con un avance del 18% y un costo estimado en febrero de 2024 de 29 mil millones de pesos, y otras infraestructuras cruciales para Rosario. También se contempla la reparación de la presa Saladillo con un presupuesto de unos 20 millones de dólares, la construcción de un nuevo acueducto paralelo a la circunvalación de Rosario por 35 millones de dólares, y la continuación del acueducto San Jaiver-Tostado estimado en 140 millones de dólares, entre otros proyectos significativos por su inversión.
Enrico explicó que lo más destacado de la reciente reunión entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, fue la posibilidad de que la Nación transfiera a Santa Fe la propiedad y la gestión de tramos de rutas nacionales cruciales para el transporte de cargas hacia los puertos santafesinos en el Paraná, desde el norte de Rosario hasta General Lagos en el sur. Este acuerdo, que deberá ser ratificado por la Legislatura provincial, implica que la provincia se encargará del mantenimiento y operación de los tramos, incluida la explotación de peajes, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vías actualmente en estado precario.
“Es imperativo mejorar las condiciones de nuestras rutas para el comercio internacional, crucial para nuestra región productiva”, afirmó Enrico, quien subrayó la importancia de que los peajes recaudados sean destinados exclusivamente a mejoras en la infraestructura vial.
Además, Enrico mencionó que el acuerdo también implicará que la provincia asuma obras de vivienda que originalmente estaban bajo responsabilidad del gobierno central y que fueron paralizadas desde la asunción del presidente Javier Milei. Se espera que más de 800 viviendas sean completadas por el gobierno provincial, reemplazando los fondos federales que ya no se destinarán a esos proyectos.
En cuanto a los plazos para la reactivación de las obras bajo la nueva dirección provincial, Enrico indicó que cada proyecto será evaluado individualmente y se establecerán contactos directos con las empresas contratistas para iniciar los trabajos lo antes posible.